Con base en esta afirmación, el jueves pasado, la Asamblea aprobó por unanimidad (102 votos) el proyecto de reformas a la Ley de propiedad Horizontal. “La ley que hoy regula al país la propiedad horizontal tiene más de 50 años por lo que es necesaria una reforma integral sobre esta temática”, explicó Romo.
La principal modificación de este proyecto de ley es cambiar el
requisito de unanimidad por el de la voluntad de los tres cuartas partes de quienes formen parte de la copropiedad, sin que esto se convierta en una flexibilidad para que se hagan mejoras o alteraciones estructurales que podrían modificar no solo las ordenanzas, los permisos o la planificación urbana en una ciudad.
“Para evitar malas interpretaciones la propuesta es incorporar en el informe que, además de la autorización de los tres cuartos de los condóminos se requiera la autorización del Municipio correspondiente”, agregó Romo.
Para el caso de las modificaciones a las fachadas, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de los copropietarios, mientras que para los cambios de carácter estructural se mantiene como requisito la unanimidad.
Adicionalmente, los planos que están en custodia del Registro de la Propiedad del respectivo cantón, también deberán ser entregados al registro catastral, que está a cargo de los municipios.
Según esta normativa, en los casos de alteraciones estructurales o de modificaciones en la construcción, la asamblea de copropietarios deberá conocer un informe técnico de la propuesta de modificación o aumento, antes de pronunciarse o hacer conocer al Municipio, es decir, que los copropietarios conozcan con un informe técnico cuáles serían las consecuencias de una alteración estructural en su edificación.
En cambio, cuando los condominios sean torres, bloques o etapas, las decisiones que se requieran deberán contar con el respaldo de las dos terceras partes de cada bloque o etapa.
En lo relacionado al cobro de las alícuotas, Romo señala que este es un problema de los condóminos porque hay abusos. Cuando no pagan les suspenden los servicios de agua potable y energía eléctrica, conflictos que van más allá de lo que deberían ser procedimientos legales.
Carmen Bucheli, administradora del conjunto San Fernando, cuenta que existen leyes de copropiedad que facilitan el actuar de los propietarios, pero muchas veces el desconocimiento lleva a problemas que dificultan la convivencia hasta límites insoportables. Todo está regulado, desde el pago de los gastos comunes, la mantención de las fachadas, los jardines, los ascensores, los espacios comunitarios, el cambio de techos, la creación de áreas verdes, entre otras decisiones.
“Nosotros tenemos un reglamento interno que fue aprobado por todos los condóminos. En él se incluyen las multas por el incumplimiento de las normas establecidas. La ley de Propiedad Horizontal nos ampara y nos es de mucha ayuda”.
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